En enero del 2011, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) autorizó el uso de inhibidores de señal de teléfonos celulares en los Bancos. El motivo es combatir a los llamados sacapintas, delincuentes que asaltan a los clientes de la banca afuera de las agencias.

Para su uso exigió una serie de requisitos. Entre otros, que no interfieran con otros locales fuera del perímetro de la agencia bancaria y que no se instalen en los cajeros automáticos. En la actualidad, 514 agencias bancarias tienen instalados estos dispositivos; faltan 899 por instalar, según el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El uso de estos dispositivos no es nuevo. En el país se comercializaban libremente desde el 2006. Pero en el 2007 el Conatel prohibió su uso y comercialización en todo el territorio ecuatoriano, alegando que atentan contra los derechos y la seguridad ciudadana.

Sin embargo, en diciembre del mismo año, cuando el Ejecutivo decretó el estado de emergencia en el Sistema Penitenciario se autorizó el uso de inhibidores de señal de dispositivos móviles en los centros de reclusión del país. Esto, para evitar que los reclusos utilicen los celulares en posibles extorsiones, intentos de fuga y otras actividades ilícitas que presuntamente se realizaban desde las cárceles.

El inhibidor de señal, también llamado ‘jammer’ o ‘bloqueador’, es un dispositivo electrónico que genera una frecuencia radioeléctrica que impide las transmisiones entre un teléfono móvil y una torre de telecomunicaciones, que repite la señal.

Pablo Córdova, presidente del Comité de Seguridad Bancaria de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, cuenta que el uso de estos equipos causó complicaciones en un inicio, sobre todo a los ejecutivos que necesitan usar su teléfono celular para cobranzas, comunicación con asesores comerciales o clientes...

Además, el trámite para homologar los equipos en la Supertel y conseguir los permisos de funcionamiento, según Córdoba, “demora un promedio de tres meses y puede llegar a costar USD 1 500, incluyendo el costo del equipo”.

La empresa Impomax, ubicada en el norte de Quito, vende un promedio de 30 ‘jammers’ por mes. Su costo varia dependiendo del equipo, desde los USD 150 hasta los USD 400 y su instalación cuesta entre los USD 35 y 40 adicionales. Sus clientes son entidades del sector financiero como bancos, mutualistas, casas de cambio y cooperativas de ahorro.

Andrés Cueva, técnico de Impomax, explica que al activar un inhibidor solo se afecta a la señal de los teléfonos celulares. “No afecta a ningún otro equipo, no causa daños, ni deja sin Internet a las computadoras de escritorio, ni a ‘laptops’”.

Luis Arias importa estos equipos de manera independiente desde los EE.UU. y los vende a precios desde los USD 399, hasta USD 929 a quien lo solicite.

Él asegura que no existen restricciones para su comercialización, pero aclara que su uso está reglamentado. Cada equipo debe ser homologado en la Supertel y se deben obtener los permisos de funcionamiento. Arias advierte que no se pueden usar estos equipos en otros sitios que no sean cárceles o agencias bancarias.