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Una imagen de los funcionarios públicos ingresando a sus puestos de trabajo en la zona del Ministerio de Agricultura.  El personal de nombramiento alcanza 276 212 personas. Foto: Patricio Terán/LÍDERES

Una imagen de los funcionarios públicos ingresando a sus puestos de trabajo en la zona del Ministerio de Agricultura. El personal de nombramiento alcanza 276 212 personas. Foto: Patricio Terán/LÍDERES

Diez años de gasto se revierten en una política de austeridad

18 de agosto de 2017 20:03

La compleja situación económica obliga al Gobierno a realizar ajustes en diferentes áreas, incluidos en personal. Este segmento es en el que más gasta el Estado.

Solo este año, según la Pro forma presupuestaria 2017, al país le corresponderá destinar un total de USD 9 192,5 millones para pagos de burocracia. El Ministerio de Trabajo, con base en un informe de mayo del 2017, dijo que existen 480 475 servidores.

El actual Gobierno, que asumió funciones el pasado 24 de mayo, se comprometió en no hacer recortes de funcionarios públicos. Sin embargo, conforme han pasado los meses se han tomado medidas sobre la burocracia.

Por ejemplo, el Ejecutivo explicó hace un mes que las vacantes que ahora existen no serán ocupadas. La idea es aplicar una política de austeridad en la contratación.

Sin embargo, los gremios productivos consideran que la medida no es suficiente. Según la Cámara de Comercio de Quito, una reducción de entre el 5y el 10% de la nómina permitiría un ahorro de USD 900 millones en un año.

Esta agrupación empresarial considera que los recortes también deben hacerse en las empresas públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Para Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), cualquier ajuste, en el caso de realizarse, debería hacerse en el personal de contrato. El Gobierno calcula que a mayo del 2017 eran  80 557 empleados, aunque el dirigente cree que fueron 120 000.

El recorte, manifestó, debe aplicarse en el personal que excede la cantidad determinada por la ley.

El artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público establece que las entidades del Estado no podrán tener trabajadores bajo esta figura en un número superior al 20% del total de la nómina.

Sin embargo, García explicó que esto no se ha respetado. De hecho, el bloque oficialista de Alianza País (AP) reconoció que se produjeron abusos en la aplicación del mecanismo por lo que plantearon una reforma a la normativa.

La ley se aprobó la semana pasada por la Asamblea y será el Ejecutivo quien la sancione o no.
Con el ajuste se mantuvo el porcentaje de empleados por contrato dentro de las instituciones, pero se hizo un cambio con relación a la vigencia de los contratos.

La norma aún vigente establece que estos tienen como tiempo de duración un año, con la posibilidad de renovarse otro más.

La reforma determina que, una vez que termine el año, se creará automáticamente la necesidad institucional permanente de este puesto de trabajo, siempre y cuando se mantenga a la misma persona en el cargo o se contrate otra bajo la misma modalidad laboral.

Para llenar esas vacantes se convocará a concurso de méritos y oposición, en los que podrá participar el funcionario público que ya estaba en dicho cargo.

La idea, según la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, Liliana Durán, es generar estabilidad para los empleados de contrato. Ellos podrán participar en concursos de méritos y obtener el nombramiento permanente, siempre y cuando haya la disponibilidad presupuestaria.

Pero, el Estado ha sido claro en que necesita contratar menos gente y reducir gastos. Según García, al final de la administración de Rafael Correa había 25 000 vacantes, que son aquellas cuyas partidas deben cerrarse de manera permanente.

Este ajuste permitiría sumarse al ahorro de USD 34 millones anuales que el Estado espera tener con la reducción del 10% de sueldos para 7 242 funcionarios del nivel jerárquico superior.
La próxima semana, el Ministerio definirá desde qué escala del jerárquico se hará el recorte. Considera podría ser desde aquella en las que el sueldo es USD 2 368.

Entre los dirigentes del sector público hay quejas con relación a funcionarios de la escala regular que ganan igual que en el jerárquico o personal de contrato que gana más que el de nombramiento.

El Consejo Consultivo Productivo y Tributario es una de las instancias en las que los empresarios han dado a conocer sugerencias y escenarios. Foto: Enrique Pesantes /LÍDERES

El Consejo Consultivo Productivo y Tributario es una de las instancias en las que los empresarios han dado a conocer sugerencias y escenarios. Foto: Enrique Pesantes /LÍDERES

Gremios piden austeridad a largo plazo

La mesa no está servida en términos económicos y el gobierno de Lenín Moreno lo dijo y lo reconoció. Además, anunció que tomará medidas buscando reducir los gastos en los que incurrió la administración del expresidente Rafael Correa.

A inicios de este mes, el presidente Moreno anunció cuatro medidas de austeridad: la reducción del sueldo en un 10% a los servidores públicos de nivel jerárquico superior; la venta de uno de los dos aviones que usa la Presidencia, de los automóviles de lujo del Gobierno y de todos los bienes inmuebles de propiedad de la empresa pública Inmobiliar.

Los representantes de varios gremios empresariales y productivos del país coinciden en que la decisión del Mandatario, de poner en venta uno de los aviones presidenciales y los 633 bienes que administra Inmobiliar, es una señal de cambio de rumbo en el manejo económico del país.
Aún así, hay dirigentes que consideran que estas medidas no responden a la urgencia de un verdadero plan de austeridad. Además, esperan que sean medidas a largo plazo, no momentáneas.

La Presidencia cuenta con dos aviones, uno comprado en el 2008 por USD 30 millones, y otro en el 2013 por USD 50 millones. Estos valores no son representativos, opinan los empresarios, si se toma en cuenta que el déficit fiscal del primer semestre del año fue de USD 2 021,2 millones y que para amortizaciones de la deuda pública se requieren alrededor de USD 7 000 millones.

“Cualquier ahorro es válido, pero eso no va a resolver el problema de fondo, se debe trabajar en bajar el déficit fiscal. ¿Cuánto en realidad se puede recaudar con la venta del avión? Son ahorros, pero no van a resolver problemas”, dice Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito.

Para el dirigente es prioritario hacer un análisis profundo “cuenta por cuenta” para eliminar todos los gastos suntuarios en los que incurrió el Gobierno anterior.

“No tiene sentido tener activas inversiones como Yachay, eso por ejemplo corresponde a un gasto suntuario”, señala.

Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), acota que en la misma ruta, el Gobierno puede seguir reduciendo gastos superfluos como viajes al exterior de los funcionarios públicos.

“Que estos se hagan cuando sea absolutamente necesario y que viajen en clase económica. La austeridad tiene que ser a rajatabla. Hay que ahorrar en lo pequeño y en lo grande”, sostiene.

Aunque la venta de los bienes de Inmobiliar le representarían al Estado ingresos por USD 307 millones, a los empresarios les preocupa que sea un proceso lento. “Esos bienes van a tardar en venderse”, dice Alarcón.

El empresario señala que una alternativa que generaría un ahorro de USD 300 millones es la liberación de la importación de nafta. También, sugiere que el Gobierno renegocie sus deudas con China.

“Debe renegociar las deudas para bajar los plazos y bajar la tasa, así habrá un ahorro de USD 250 millones”, sostiene Alarcón.

Con él coincide Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. “Para amortizaciones de la deuda pública se requieren alrededor de USD 7 000 millones, la deuda contraída en los últimos años es muy cara y hay que renegociarla. Se debe recurrir preferentemente a organismos con los que se podría obtener mejores condiciones de financiamiento”, manifiesta.

El sector privado y el reto de convertirse en el motor principal

El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, anunció en junio pasado que para resolver el déficit fiscal del presupuesto 2017, la estrategia será reducir el gasto de capital, específicamente la inversión de infraestructura a la que calificó como “muy costosa”.

Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca sostiene que en ese escenario es preponderante que el Gobierno le ceda el protagonismo de la inversión al sector privado a través de concesiones.

Desde el 2015, cuando los precios del petróleo comenzaron a caer, los empresarios insisten en que es el momento para que el sector privado se convierta en el motor principal de la economía. Sin embargo, aunque se aprobó una Ley de Alianzas Público Privadas hace ya dos años, los empresarios dicen que los resultados no son los esperados.

“Se inició un debate interesante sobre las Alianzas Público Privadas, pero eso quedó en las normativas más que en aplicación”, manifiesta Robalino.

Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), indica que en la experiencia de estas alianzas en otros países, los beneficios se comienzan a advertir en el mediano plazo. “En ciclos no menores a tres años”.

Aspiazu propone que se hagan ajustes a la normativa, para dar más facilidades a los gobiernos seccionales para que impulsen proyectos de este tipo, “con un sistema de aprobación más expeditos de lo que hoy existe”.

Austeridad fiscal para dinamizar la economía anunció Moreno, esto mientras que el Plan Anual de Inversiones para 2017 se calcula en USD 5 454 millones: es decir, unos 106 millones más que lo registrado el año pasado.

Guillermo Granja, MBA y docente de la Facultad de Economía de la Universidad Ecotec, puntualiza que focalizar impuestos y crear verdaderos incentivos de inversión privada nacional y extranjera ayudaría a reactivar a la economía.

En el 2016, la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de USD 737 millones, esto es, unos 584 millones menos que en el 2015. Granja sostiene que las primeras medidas tomadas por Moreno ya inyectan confianza en los agentes económicos. Mientras que para Aspiazu, la seguridad jurídica necesita fortalecerse para que el país se vuelva más atractivo.

“Se ve la buena intención de empezar a sanear las finanzas públicas. Aunque el valor del avión presidencial que se va a vender y el de los bienes de Inmobiliar en relación al PIB no son representativos, ya es un buen síntoma de que el Gobierno reconoció que el Estado está obeso”, dice Granja.

El docente de Ecotec hace énfasis en que para mejorar la economía en crisis de un país, no solo se necesita bajar el nivel de gasto, sino de generar más ingresos. Menciona el sector del turismo y la construcción como ejemplos.

“Hay que atraer la inversión extranjera directa, no aquellas inversiones golondrina. Tenemos que definir bien el tema de la política fiscal y también ver el costo-beneficio que tendría la decisión de aumentar impuestos”.

Granja dice que el país debe verse como una empresa que entró en una reingeniería de procesos.

“Así como las empresas, el país debe empezar a optimizar gastos y costos para aumentar su margen de costos y utilidad. El Gobierno debería pensar en una verdadera reestructuración. Eliminar algunos ministerios y secretarías y tener en su lugar ‘superministerios’ con una organización adecuada y además compacta”.

Robalino, por su parte, menciona que para lograr mayores inversiones hay varios puntos que mejorar en cuanto a productividad y eficiencia; así como en temas de acuerdos internacionales. Cita por ejemplo que un acuerdo comercial con el principal socio comercial, Estados Unidos, ayudaría a mejorar las cifras de inversión. En 2016, la IED de EE.UU. fue de USD 87 millones.