En febrero pasado, representantes del FMI y otros seis multilaterales llegaron a Quito para dar detalles del acuerdo económico por USD 10 200 millones que recibirá el país hasta el 2021. Foto: Archivo / LÍDERES

En febrero pasado, representantes del FMI y otros seis multilaterales llegaron a Quito para dar detalles del acuerdo económico por USD 10 200 millones que recibirá el país hasta el 2021. Foto: Archivo / LÍDERES

Evelyn Tapia y Pedro Maldonado
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La deuda pública del Ecuador es la octava más alta de la región

20 de mayo de 2019 15:35

Todos los países necesitan endeudamiento para sostener sus presupuestos, pero ¿cuál es el monto apropiado?

Los analistas coinciden en que no hay un monto bueno o malo de endeudamiento. Lo clave es evaluar las condiciones y el uso que cada país da a los recursos, explica Daniel Baquero, investigador de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes).

El año pasado, en América Latina, la deuda pública representó el 42,3% del Producto Interno Bruto (PIB) , según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que recogió información de 18 países.

El listado muestra que en países como Argentina la deuda estatal representa el 95% de su PIB, mientras que Paraguay tiene compromisos que apenas llegan al 17 % de su PIB (ver gráfico).

Sin embargo, Brasil tiene el mayor nivel de pago de intereses; es decir, adquirió deuda más costosa que sus vecinos, por la que pagó en el 2018 un monto equivalente al 5,6% de su PIB. En el otro extremo, con niveles de costo de la deuda inferiores al 1% del PIB, está Chile.
El Ecuador ocupa el puesto ocho en relación con el monto de endeudamiento y el puesto siete en cuanto al pago de intereses.

Según el Ministerio de Finanzas, los compromisos del Ecuador llegan al 45% del PIB; esto es, unos USD 51 214 millones.

Ese porcentaje significa que la deuda per cápita del país es de unos USD 6 245; es decir, ese es el monto que a cada ecuatoriano que forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA) le correspondería pagar si se dividiera la deuda adquirida por el Estado.

Uno de los factores que más se han cuestionado sobre el endeudamiento del país es el rápido crecimiento que tuvo durante el Gobierno anterior, lo que llevó al país a sobrepasar el límite del 40% del PIB permitido por la ley.

En el 2008, la deuda pública era del 27,2% del PIB y 10 años más se duplicó. Baquero añade que también es cuestionable que buena parte del dinero obtenido se utilizara para incrementar el tamaño del Estado, con lo que los gastos como el de salarios y mantenimiento de las entidades se incrementó demasiado.

El Ministro de Finanzas, Richard Martínez, reconoce que la deuda es insostenible y, como parte del acuerdo económico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a reducir el monto al 40% del PIB hasta el 2022.

David Castellanos, director de la firma Análisis Económico, menciona que es un paso importante que el Gobierno trate de controlar los niveles de endeudamiento, pero reconoce que no será un proceso de corto plazo.

Castellanos estima que el proceso podría tardar cinco años, debido a que resultará complejo recortar en gran medida los gastos y, por ende, reducir rápidamente las necesidades de financiamiento.

Otro factor de análisis sobre la deuda de la última década es el de las tasas de interés y los plazos. Las condiciones han ido variando conforme cambió el protagonismo de los acreedores.

Baquero señala que hay al menos tres hitos que explican cómo han ido variando las condiciones.

El primero está entre el 2008 y el 2010. Luego de haber caído en ‘default’ por no pagar los intereses de los bonos Global en el 2008, el Gobierno anterior encontró en China un aliado en financiamiento.

Baquero explica que si bien China ofrecía tasas de interés de entre el 6 y 7% -un poco más cómodas que las tasas altas que ofrecía el mercado de los bonos al Ecuador por haber caído en ‘default’-, estaban atados a condiciones como preventas petroleras y entrega de concesiones de obras que luego presentaron irregularidades.

Así, en ocho años la deuda con el gigante asiático llegó a USD 6 796 millones en diciembre pasado.

El segundo hito está en el 2014, cuando el Régimen anterior decidió volver a emitir bonos en el mercado internacional, a pesar de que las tasas de interés resultaron costosas. Este instrumento siguió teniendo protagonismo hasta el primer año del gobierno del presidente Lenín Moreno. En ocho meses de su gestión se emitieron USD 7 500 millones en bonos.
Desde el 2014, el país ha obtenido USD 14 750 millones en bonos, con tasas de entre 7,87 y 10,75%. Este tipo de deuda tiene las tasas más altas de los compromisos.

De ahí que el Gobierno decidió llevar a cabo un reperfilamiento de la deuda en bonos, un ‘liability management’, informó Finanzas.

Castellanos explica que es un proceso en el que el Gobierno buscaría hacer un canje de bonos que están por vencer, por nuevos bonos a plazos más largos. “Este es un buen momento para reperfilar, aprovechando que la firma del acuerdo con el FMI ha reducido la volatilidad y hay más confianza

en el país. Los inversionistas pueden recibir bien esta intención, que es mejor que no pagar y volver al default”, explicó.

El tercer hito comenzó este año, cuando el Gobierno decidió volver a buscar financiamiento en el FMI luego de casi 15 años, con lo que se incrementó además el monto de créditos de otros multilaterales por USD 10 200 millones que deberán llegar hasta el 2021.

La tasa de interés promedio de los recursos es del 3% y el plazo de pago será de 10 años.
El reto para el país será cumplir con los compromisos que pide el FMI, como recorte de gastos en salarios y subsidios.

La transparencia, clave en el manejo de la deuda interna

La deuda interna se ha estabilizado entre el 2018 y este año. Al comparar las cifras del Ministerio de Finanzas se observa que el monto pasó de USD 14 364 millones en marzo del 2018 a USD 14 134 millones en el mismo mes de este año.

La deuda interna es la parte de la deuda pública de un país cuyos acreedores son personas naturales o jurídicas del mismo país. Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, explica que son préstamos que pide el Gobierno a personas o instituciones que están dentro del país, no en el exterior.

En el caso de la deuda pública ecuatoriana, esta se reparte hoy en día en bonos de largo plazo (USD 13 335 millones) y entidades del Estado (USD 798 millones). Carrera menciona como ejemplo los recursos que el Gobierno obtuvo con la emisión de bonos que compraba el Banco Central del Ecuador (BCE).

En el país, la deuda interna sufrió una modificación cuando el gobierno de Rafael Correa empezó a utilizar el concepto de deuda consolidada, en el que no se incluía la deuda con entidades públicas. Eso generó una distorsión de las cifras y restó claridad al manejo de la deuda.

Ahora el tema ha cambiado y existe mayor transparencia según analistas consultados. Pedro Romero, director de la maestría de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), señala que pasar de un gobierno que quería ocultar los números de la deuda a uno que la transparenta es una buena señal. “Es una manera de ganarse el apoyo de la sociedad y de generar tranquilidad. No hay que olvidar que en el sector financiero la transparencia es vital”.

Romero advierte que en el caso del dinero obtenido del BCE es necesario saber el monto exacto, establecer mecanismos de devolución, transparentar los papeles emitidos y los acreedores. “Esas reservas tienen que estar líquidas y no debieron ser utilizadas para financiar al fisco y tratar de ocultarlo”.

El vocero del Observatorio de la Política Fiscal reconoce que el actual manejo de la deuda interno es claro, pero añade que hay detalles que afinar. Carrera dice, por ejemplo, que aún no están totalmente definidos los atrasos con ciertos proveedores o el tema de los certificados de tesorería. “Hay que afinar cifras para tener absoluta claridad”.

El tema de la deuda pública, externa e interna, tuvo un giro a inicios del 2018 cuando la Contraloría General del Estado anunció una veeduría para auditar la deuda contraída durante el gobierno anterior.

Uno de los miembros de esa veeduría es Ramiro Crespo, analista financiero y director general de Analytica Investments. Él dice que la veeduría de la deuda no ha concluido, “sino que entre tantas denuncias recibidas la Contraloría no se da abasto. Pero la veeduría debe continuar porque se trata de plata de todos los ecuatorianos”.

Crespo añade que se espera que la Contraloría convoque nuevamente a los veedores después del 24 de mayo, luego de que el Presidente de la República rinda su informe a la nación. Para Crespo, lo de la deuda consolidada no fue más que un maquillaje pare engañar al pueblo ecuatoriano.

Los consultados coinciden en que no está mal que un Gobierno se endeude externa o internamente. Lo que está mal, dice Pedro Romero, es tomar deudas de un actor para pagar otras deudas. “Es una señal de debilidad financiera”.

Datos

En enero  de este año la deuda interna llegó a USD
13 886 millones y en marzo llegó a 14 134 millones, según datos del Ministerio de Finanzas.
La deuda interna representaba en marzo pasado el 12,5% del Producto Interno Bruto del país.
Esta deuda  se concentra en bonos de largo plazo y en entidades del Estado. En estas últimas se encuentran el Banco Central, el IESS, entre otras.
Los expertos  piden una normativa para los Certificados de Tesorería o Cetes.