Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, denunció que grupos ilegales sacaron material mineralizado del proyecto Río Blanco, que está suspendido desde hace un año. Confirmó que, a finales del 2019, Fruta del Norte y Mirador producirán.

El Gobierno impulsa la minería formal, pero existen reveses como el triunfo de los opositores a esta actividad en la consulta popular, que se realizó en el cantón azuayo de Girón. ¿Qué ocurrirá con el proyecto Loma Larga?

La posición es clara. Si el pueblo dijo que no quiere minería en Girón, lo respetamos y de ninguna manera iremos en contra. La actividad minera en ese cantón quedará suspendida a futuro. Pero en este caso, es una concesión que se entregó antes de la consulta. Desde el punto de vista legal, toda ley que nace no es retroactiva.

Es decir, el proyecto Loma Larga seguirá avanzando.

Loma Larga está formado de tres concesiones Cristal, Río Falso y Cerro Casco. La empresa (INV Metals) ha manifestado claramente que en Girón tenían planes futuros para implementar la planta de beneficio y las zonas de abastecimiento y ahora tienen el campamento. Pero la actividad extractiva, es decir la boca de mina donde está identificada la reserva, está en Cuenca. Eso está a 6 kilómetros del límite cantonal. Solo una parte de Río Falso y Cristal están en el cantón Girón.

¿Los resultados de la consulta les obligan a reconsiderar la concesión?

Si usted tiene una concesión, contrato u obligación, que fue dada hace muchos años antes de la consulta, no se puede cortarla o eliminarla. Simplemente, la actividad no se realizaría en Girón.

El nuevo prefecto de Azuay, Yaku Pérez, quien se opone a la minería, ha repetido que impulsará una consulta en el ámbito provincial.

Es una autoridad electa. Respetamos su rol como ecuatoriano y si cumple con los requisitos de ley puede impulsar y promocionar una consulta. No nos oponemos. No está en él ni en el Ministerio tomar una decisión, ahora sí tenemos una Corte Constitucional estructurada con nueve jueces. Es la gran diferencia con la consulta anterior, que no tenía ningún juez.

Pérez, quienes lo respaldan y otros sectores insisten en los daños ambientales...

Se habla tanto sobre el sistema hidrológico Quimsacocha. Allí, hay tres lagunas permanentes y varias estacionales, dependiendo de la lluvia. Las principales están en Cuenca y ligeramente en el cantón San Fernando. La boca de la mina está a 160 metros hacia abajo de las lagunas. Además, la mina es subterránea y las galerías están a un promedio de 140 metros bajo tierra.

Es decir, hay 300 metros de altura de diferencia. Por millones de años han coexistido los minerales en el subsuelo con el agua. Eso cambiaría si tuviéramos actividades mal manejadas en superficie, donde tengamos derrames o una represa que se reviente. Aquí no se usarán químicos porque el proceso de beneficio está diseñado para realizarse en el cantón Ponce Enríquez.

En Azuay tienen otro inconveniente con el proyecto Río Blanco, que está paralizado desde hace un año. ¿Qué acciones han adoptado para reanudar las operaciones?

Hay acciones y coordinación interinstitucional al mayor nivel porque respetando la sentencia judicial como Ministerio presentamos una petición de revisión. Además, las comunidades aledañas de Río Blanco y Cochapamba denunciaron abusos a sus derechos por parte de nueve seudo-líderes, que imponen la violencia en la zona y que están asociados con la quema del campamento hace un año. Las comunidades pidieron que se devuelvan sus derechos y dijeron que quieren trabajar junto con el proyecto.

¿Qué ocurrió con los trabajos que este proyecto generó en esas comunidades?

En octubre pasado, la empresa minera a nivel corporativo decidió suspender los sueldos de los trabajadores. Eso afecta a los ingresos de los trabajadores. Hemos acogido su pedido y estamos trabajando estratégicamente para definir un plan -entre varias instituciones- para brindar seguridad a esos ciudadanos, respetando la vía legal.

En la práctica, ¿qué tan factible es reanudar las operaciones de Río Blanco y para cuándo se podría hacer?

Hace tres semanas, la comunidad cercana de Río Blanco denunció formalmente la presencia de personas que hacían sondeos y excavaciones ilegales. Eso es lo que se logra cuando decimos no a la minería formal y por atrás llegan los grupos que saben dónde está la veta. La denuncia fue presentada con fotos donde se muestra cómo llegan en vehículos y cómo sacan el material mineralizado. Estaban en la parte posterior de la mina donde hay siete vetas definidas. El Gobierno está comprometido con combatir esa ilegalidad.

Como Gobierno central, ¿qué han hecho para que no se repita el caso de Buenos Aires, en Imbabura?

Se han realizado seguimientos y operativos de control de armas y explosivos. Es un efecto persuasivo ver la presencia del Estado.

Y el concesionario Ecuagoldming, ¿qué ha dicho y hasta cuándo esperarán para reanudar las operaciones?

Ellos también han denunciado formalmente. La última ocasión que hablamos con la empresa decíamos que en abril (se reanudaría). Estos proyectos fueron concesionados en gobiernos anteriores y la obligación de cualquier Régimen es dar continuidad a los compromisos del Estado y cuando una empresa ve comprometida su seguridad jurídica tiene el derecho a los arbitrajes internacionales. Cuántos hemos ganado afuera, en el ámbito internacional poco o nada les importa que el señor X o Y o el sistema judicial A o Z no se pongan de acuerdo. Estamos hablando de una inversión significativa.

San Carlos Panantza, en Morona Santiago, es otro de los proyectos estratégicos que tiene problemas. ¿Qué ha hecho en este caso?

Está suspendido y está dentro de un caso legal, que lo ganó el Ministerio hace cinco semanas. Se reconoció que no se requiere una consulta previa por la ancestralidad de las comunidades de la zona, no de la etnia. Ellos apelaron. El caso está en segunda instancia.

De los cinco proyectos estratégicos, Fruta del Norte y Mirador (Zamora Chinchipe) son los más avanzados.

Fruta del Norte producirá desde el último trimestre de este año. Es un proyecto que manejará 5,5 millones de onzas de oro y 6 millones de onzas de plata. Mirador ha logrado crecer con la incorporación de técnicos ecuatorianos del más alto nivel y también producirá desde finales de año.

La operación de esas minas, ¿cómo beneficiará al país?

Ecuador exportó USD 274 millones en el 2018, y con el ingreso de Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco se duplicará en este año. Desde el 2020, ya con una producción formal, se quintuplicaría y se llegaría 1 300 millones. En el 2021 se prevé que ingrese Loma Larga, llegando a USD 1 800 millones. Además, hay otros seis proyectos como Llurimagua.