Natalia Almeida, subdirectora de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, explica que se busca el mecanismo en la Ley de Emprendimiento para crear un fondo de financiamiento para los emprendedores.

¿Cómo ha estado el clima de negocios para los emprendimientos del país, luego de dos años de haberse aprobado la Ley para este sector?
Vemos que en los últimos meses, la mayor parte de las empresas ha dicho afirmativa y positivamente que han tenido un alcance de ventas que superan o igualan las ventas que tenían previo a la pandemia. En el caso de los sectores tradicionales, como manufactura, ‘retail’ y e incluso en el turismo han mejorado los indicadores, luego de la vacunación y de que el país fuera señalado de bajo riesgo para viajar por el covid. La estrategia del Gobierno de comprar las vacunas a tiempo y obligar a que la mayoría de la población se inmunice ayudó mucho a que se volviera a abrir el comercio y las fronteras.

¿Qué incidencia ha tenido la Ley en este comportamiento?
El mayor beneficio ya tangible de la ley es la Sociedad Anónima Simplificada (SAS), que es un instrumento que permite a las empresas formalizar sus negocios de una manera más rápida, con menor costo y así dar confianza a los clientes, al ser una empresa constituida. Ha permitido que puedan abrir nuevos canales de comercio, conectar con proveedores, clientes y otros. Hasta el momento se han creado 25 000 empresas SAS, desde que esta figura fue aprobada en la ley, según los datos de la Superintendencia de Compañías.

¿Cuáles son los beneficios que tienen las SAS?
Las empresas adquieren vida jurídica, se pueden constituir en el mismo día y no como antes que tenían que esperar 21 días para hacer el proceso de constitución; y ya no necesitan tener un socio. Además, hay descuentos y tarifas para negocios nuevos, como en el Senadi (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales), para pagar la marca. Para una SAS, la Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) genera notificaciones con costos preferenciales. El costo de la notificación sanitaria para microempresas actualmente es de USD 340, menos de la mitad de lo que costaba antes.

¿Con qué trabas se han encontrado las nuevas iniciativas de emprendimientos?
Cuando están en la etapa inicial, la mayor traba es el músculo financiero. Necesitan financiamiento para comprar equipos o maquinaria, o para aumentar la producción en caso de que los clientes les pidan más productos. Sigue habiendo escasos recursos para las etapas tempranas. Hace poco Conquito (del Municipio de Quito) cerró una convocatoria para dar capital semilla. Se logra beneficiar a 5 de cada 100, es decir 5% del total de solicitantes de fondos en el ecosistema emprendedor.

¿Esto significa que la Ley necesita una articulación más amplia para el financiamiento?
Sí. La Ley ‘per se’ no crea un fondo para emprendimientos, pero sí habilita que existan las plataformas o crowdfunding de financiamiento colectivo, que son instrumentos que funcionan en otros países y aquí también. La idea es que con la Ley sean más populares. Se trata de donaciones para que cualquier persona pueda hacerlo, sin que genere un costo a la persona que lo recibe y se tenga garantía de que ese dinero no va a ir a otro propósito. No hay un fondo, pero sí se creó una institucionalidad y es el Consejo Nacional de Emprendimiento e Innovación.

¿Qué rol tiene ese Consejo?
Este Consejo se activó cuando entró el nuevo Gobierno. En julio se armó el gabinete. Dentro de la hoja de ruta y de los compromisos está que exista un fondo de apoyo público- privado para los emprendimientos. En agosto del 2021, como AEI, entregamos la Estrategia del Emprendimiento e Innovación para 10 años, enfocada en las principales problemáticas, como la creación del fondo. Actualmente no existe el mecanismo, pero trabajamos con la Presidencia, con asesores legales y otros actores, para desarrollar el mecanismo para crear un fondo de capital semilla y lo opere.

¿Cómo sería el mecanismo?
Se trata de un ejecutor, como Corfochile, que es una agencia ejecutora de fondos para impulsar el emprendimiento en Chile. Están los representantes del sector público y desde el sector privado se puede hacer uso de los recursos, hacer un fideicomiso y tener controles. Se entrega a incubadoras, universidades, aceleradoras, oficinas de transferencia tecnológica para proyectos específicos. Esa figura la vemos como viable. Se analiza cuáles son las reformas que se debe hacer y no es necesario que el Gobierno dé recursos. Se puede abrir caminos, a través de porcentajes de los impuestos de algún sector, como funciona Impulsa en Colombia. En la época del Mipro, cuando se creó un fondo de USD 10 millones para entregar capital a emprendedores en etapa de crecimiento, se demoró mucho en desembolsar, ya que no existen las condiciones que permitan entregar fondos públicos de manera ágil y eficiente a los proyectos de emprendimiento.

A raíz de la pandemia, ¿qué impulso tomaron los emprendimientos y cómo se apalancaron con la Ley?
La pandemia sí mantuvo en crisis a los negocios, pero también fue un indicador de que no podíamos quedarnos quietos. Con eso se aceleró el uso de las herramientas tecnológicas. El e-commerce es más activo y se conecta con iniciativas de afuera, foros y seminarios. Al tener una Ley de Emprendimiento dio mensajes positivos de que estos cambios pueden seguir pasando y existe apertura a una mayor innovación en los negocios. Que no solo nos enfoquemos en los negocios tradicionales, sino que incluyamos la innovación, para desarrollar cosas nuevas. No solo podemos solucionar problemas de Ecuador sino del mundo. Hace poco, uno de los emprendimientos tecnológicos que ganó premios en Google en Miami es ecuatoriano; es Storybook. Por eso, queremos que existan fondos para los emprendedores

¿La propuesta de Ley Fintech se contrapone con la Ley de Emprendimiento?
Hicimos una revisión del proyecto, que establecía que las plataformas de financiamiento colectivo pasaran a ser reguladas por esa ley, cuando ya están en la Ley de Emprendimiento, pero eso cambió en el proyecto borrador. Se revisa para que no exista sobreregulación en la creación de los emprendimientos tecnológicos en el sector financiero y haya instrumentos para impulsar a las startups desde Ecuador, que permita la inclusión financiera de las personas en las zonas rurales. Se debe tener líneas claras para el surgimiento de estas iniciativas y saber qué son. Desde nuestra lectura la propuesta de la Fintech plantea esclarecer el marco legal, a quiénes aplicaría y por qué camino deben ir.

¿Qué debe impulsar?
Que se permita la creación de empresas tecnológicas con soluciones innovadoras, que favorezcan a sectores vulnerables para la inclusión financiera, por ejemplo. En Ecuador no se tiene claridad sobre quién debe regularlas.

HOJA DE VIDA
Trayectoria.  Tiene 10 años de experiencia en emprendimiento e innovación y gestión de proyectos, desarrollo e implementación de estrategias y consultoría.

Experiencia. Es subdirectora de la AEI desde 2016. Es líder del proyecto de la Estrategia de Emprendimiento e Innovación. Líder del proyecto Reinventa Ecuador, coorganizado con las Naciones Unidas Ecuador, para mitigar los efectos del covid-19.

Formación. Tiene un diplomado en Gobernabilidad y Liderazgo Político del IDE Business School; diplomado en Marketing en la Universidad de Tecnología Creativa de Limkokwing, Malasia y Administración de Empresas (PUCE).